Donde los ricos se hacen más ricos y los pobres van a la cárcel
John Whitehead / Instituto Rutherford
A causa de e instigado por gente como el Fiscal General Jeff Sessions —un hombre que no reconoce la Constitución— el Sueño Americano se ha convertido en el Fraude Americano: donde los ricos se vuelven más ricos y más poderosos, mientras que cualquiera que no pertenece a la elite del poder se vuelve más pobre y más impotente, para hacer algo con respecto a la constante caída de la nación hacia el fascismo, el autoritarismo y un estado policial impulsado por las ganancias corporativas.
No satisfecho con simplemente complacer a las fuerzas del orden y aumentar su generosidad militar con armas y equipos diseñados para la guerra, Sessions ha realizado un esfuerzo concertado para expandir el poder del estado policial de registrar, desmantelar, atacar, robar, arrestar y encarcelar a los estadounidenses —por cualquier infracción, no importa cuán insignificante sea.
Ahora, Sessions ha dado luz verde a los tribunales estatales para reanudar su práctica de encarcelar a personas que no puedan pagar las cuantiosas multas, o fianzas, impuestas por el estado policial estadounidense. Al hacerlo, Sessions ha demostrado una vez más que no solo es un cómplice del Estado Profundo, sino un enemigo de la gente.
Los deudores a la cárcel
Primero, algunos antecedentes sobre el encarcelamiento de los deudores que no pueden pagar las exorbitantes multas que les imponen los tribunales y otras agencias gubernamentales.
El Congreso prohibió el encarcelamiento de los deudores en 1833.
En 1983, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la práctica era inconstitucional según la cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda.
Entonces las cosas comenzaron a cambiar, de acuerdo con The Marshall Project, con el surgimiento de la “encarcelación masiva” de personas por delitos menores.
A fines de la década de 1980 y principios de la década de 1990, “hubo un aumento dramático en el número de estatutos que enumeraban la pena de prisión como posible sentencia por no pagar una deuda a la justicia penal”. Durante la década del 2000, los tribunales comenzaron a cobrar en grande “al usar la amenaza del encarcelamiento –establecido en esos estatutos– para exprimirles dinero en efectivo a los deudores de poca monta”.
Cárceles para el lucro
Y el avance ha sido tan rápido que, hoy en día, no solo nos encontramos con cárceles privadas con fines de lucro (pagado por el gobierno) y un complejo industrial de prisiones, sino también, como señala el periodista de investigación Eli Hager, con “el nacimiento de una nueva justicia ‘financiada’ por los propios delincuentes”.
Siguiendo el rastro del dinero encontraremos el montaje de este negocio.
Ya sea que esté hablando de la guerra del gobierno contra el terrorismo, la guerra contra las drogas o algún otro peligro fantasma ideado por los burócratas emprendedores, siempre hay un incentivo de ganancias involucrado –para sus socios en el sector privado.
Lo mismo vale para la guerra contra el crimen.
Castigo por el lucro y la conveniencia
Hubo un tiempo en que el sistema penal estadounidense operaba bajo la idea de que los criminales peligrosos debían ser puestos bajo llave para proteger a la sociedad. Hoy en día, el “sistema de justicia” defectuoso, pero retributivo, de EE.UU., está siendo reemplazado por una forma de castigo masivo e insidioso, basado más en el lucro y la conveniencia.
Por ejemplo, el último gambito de Sessions está en las manos de aquellos que obtienen ganancias encarcelando a estadounidenses.
Bajo tal sistema, la situación penal del estadounidense promedio se mide en dólares y centavos. Esto no es justicia.
Esto es otro ejemplo más de cómo la avaricia y los incentivos a las ganancias no solo han pervertido la vigilancia policial en EE.UU. sino que han corrompido todo el sistema de justicia penal.
Justicia como empresa de lucro
Desafortunadamente, el sistema de justicia penal ha estado operando como una empresa con fines de lucro durante años, abriéndose paso de manera encubierta a través de programas plagados de multas, destinados a maximizar los ingresos en lugar de garantizar la seguridad pública.
Todos esos oficiales de policía y agentes de cumplimiento de códigos y policías de tráfico —o los sistemas de cámaras de multas en los semáforos— que aparentemente trabajan arduamente y reparten multas a granel: no están trabajando para que sus comunidades sean más seguras, tienen cuotas que llenar.
Tribunales para todo
Lo mismo ocurre con los tribunales, que han llegado a depender de las multas, las tarifas y penalidades por el retraso en el pago, como un medio para aumentar los ingresos. El poder de estos tribunales, magnificado en los últimos años mediante la introducción de tribunales especializados más allá del tribunal de tráfico ordinario (tribunal de drogas, tribunal de personas sin hogar, tribunal de veteranos, tribunal de salud mental, tribunal penal, tribunal de adolescentes, tribunal de juegos ilegales, tribunal de prostitución, tribunal comunitario, corte de violencia doméstica, corte por absentismo escolar, etc.), está “reconfigurando el sistema legal estadounidense, con poca supervisión”, concluye el Boston Globe.
Libertad condicional privatizada
Y para aquellos que no pueden pagar las multas excesivas ($302 por cruzar la calle, $531 por un patio con la grama crecida, o $120 por llegar unos minutos tarde a la corte), hay libertad condicional (administrado por compañías privadas que cobran sus propias tarifas, que a menudo son más del doble que la multa original) o encarcelamiento (administradas por compañías que cobran a los presos por todo, desde la comida y vivienda hasta las llamadas telefónicas con márgenes de ganancias usureros), lo que solo aumenta la cargas financieras de aquellos que ya no pueden navegar en un costoso estado carcelario.
Pregúntese usted mismo: En un momento en que las tasas de delincuencia en todo el país se mantienen en mínimos históricos (a pesar de las afirmaciones inexactas de Sessions, que dice lo contrario), ¿por qué la población carcelaria continúa creciendo?
Exceso de leyes incriminatorias
La población carcelaria continúa creciendo debido a un exceso de leyes que criminalizan actividades que, sin duda, no deberían prohibirse, y mucho menos dar lugar a la cárcel. La sobre criminalización continúa afectando al país debido a que los legisladores que trabajan codo con codo con las empresas privadas, adoptan leyes que favorecen las ganancias corporativas. Y cuando se trata de encarcelamiento, el balance corporativo pesa mucho a favor de encerrar a más personas en prisiones privadas y administradas por el gobierno.
Es un círculo vicioso que se vuelve más cruel cada día. (Y esto incluye también el sistema de encarcelamiento de los inmigrantes en Centros de Detención, administrados por corporaciones privadas.)
Ahora puedes ignorar todo esto como consecuencia de haber cometido un crimen, pero eso no es suficiente. Especialmente no, cuando los estadounidenses promedio están siendo encarcelados por supuestos delitos como comer espaguetis (la policía los confundió con metanfetamina), no usar cinturón de seguridad, tirar basura, cruzar la calle, tener jabón casero (la policía confundió el jabón con cocaína), profanidad, escupir el suelo, pedos, vagancia callejera y bailes obscenos.
El estado policial estadounidense no tiene auto justificación. No cuando todos somos culpables hasta que se demuestre su inocencia.
Como lo dejo claro en mi libro “Battlefield America: The War on the American People”, este ya no es un gobierno “del pueblo, del pueblo, para el pueblo”.
Se está convirtiendo rápidamente en un gobierno “de los ricos, por la elite, para las corporaciones”, y su ascenso al poder se basa en encadenar al contribuyente estadounidense a una prisión de deudores, protegida por una falange de políticos, burócratas y policías militarizados, sin esperanza de libertad condicional y ninguna posibilidad de escapar.
Traducción: A. Mondragón
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